
«Hay que trabajar con el sector privado porque con el dinero público no llega», admite el responsable de Aduanas.
La decisión de entregar el pilotaje y el mantenimiento de  los siete aviones que utiliza la Agencia Tributaria en la lucha contra  el narcotráfico a una empresa privada obedece estrictamente a una  alarmante falta de medios del Servicio de Vigilancia Aduanera. A partir  del 1 de noviembre, con un mes de retraso sobre el plazo establecido, la  compañía Inaer será la responsable de los seis aviones C-212 de la  AEAT. Así, la compañía controla toda la flota aérea de la agencia, que  se completa con siete helicópteros de intervención.
El director general de Aduanas de la Agencia Tributaria, Nicolás  Bonilla, confirmó a LA RAZÓN que el servicio de vigilancia era  deficiente porque «los aviones del Ejército del Aire no disponían de  cámaras de vigilancia nocturna, lo que dificulta la persecución de las  bandas organizadas».
Sin cámaras térmicas
Según Bonilla, el espíritu del acuerdo firmado con Inaer y Airbus para  privatizar el servicio «era conseguir una mayor operatividad. El  Ejército del Aire tenía un problema para volar de noche y nosotros lo  necesitábamos». Antes, las labores de vigilancia quedaban limitadas a  las horas de salida del sol porque «no teníamos cámaras térmicas».
«Cuando avistábamos una embarcación en el Mediterráneo no sabíamos hacia  dónde se iba a dirigir porque los desembarcos se suelen hacer de noche,  lo que complicaba notablemente el operativo», añadió. Sin embargo,  admitió que «también es un problema económico. En el contrato firmado  con el Ejército había que ceder el 15 por ciento de las horas para  formación de los pilotos y ahora todas las horas de vuelo son para  nosotros, lo que supone un ahorro importante».
La noticia de la privatización, adelantada por LA RAZÓN la pasada  semana, provocó numerosas críticas entre los sindicatos de la Agencia  Tributaria, de la Policía y la Guardia Civil, que la calificaron de  «inconcebible». Los representantes de estos trabajadores advertían de  que la decisión ponía en riesgo la información de inteligencia –planes  de vuelo, operaciones conjuntas nacionales y la colaboración con otros  países, cooperación en materia de inmigración– y la operatividad de la  lucha contra el narcotráfico.
En este sentido, Bonilla aseguró que estas acusaciones son  infundadas:  «La confidencialidad es clave para nosotros. El piloto conoce la ruta  cuando se sube al avión y hay obligación de secreto y sigilo por parte  de todos los funcionarios».
El director general recuerda que  «hemos estado volando con pilotos de  helicópteros que trabajan con la misma empresa y nunca hemos tenido  problema. La información que tienen es limitada, aeronáutica, nada más.  No participan en los atestados, ni saben quién hace la intervención ni  el nombre de los detenidos».
Quintuplicar la inversión
Pero también admite que nadie está exento de corromperse. «Podía pasar  con un funcionario y con un civil. Las empresas de seguridad con las que  convivimos diariamente en puertos y aeropuertos ¿comparten la  información con gente de fuera? No lo sé, pero para suplir este trabajo  tendríamos que quintuplicar la inversión. En determinadas situaciones  hay que trabajar con el sector privado, porque el sector público no  llega».
Sobre las posibles dudas de si el departamento de asuntos internos de  Hacienda tiene competencias para investigar a personal civil, el  director general aclaró que «el servicio de auditoría interna actúa  previamente y puede investigar cualquier actividad de la Agencia  Tributaria. Si se sospecha que hay un delito, se traspasa la información  a la Policía».
El director general de Aduanas de la Agencia Tributaria dijo no entender  las críticas por descoordinación de las Fuerzas de Seguridad: «No sé  por qué va a haber más descoordinación con la Policía y la Guardia Civil  si las operaciones las dirigimos nosotros. A través de los órganos de  contacto hay una colaboración constante que se va a mantener, que no va a  cambiar sea quien sea el que pilote los aviones», aseguró.
Una labor de Policía Judicial
Los 150 agentes de la Agencia Tributaria tienen la misma consideración  que la Policía Judicial. El equipo de investigación obtiene la  información para que la dirección operativa ordene las operaciones.  Cuando se produce un avistamiento de una embarcación sospechosa por  parte de un avión, comienza el seguimiento. Los helicópteros acompañan  la embarcación a la costa y alguna de las 47 embarcaciones (dos para  grandes abordajes y patrulleras de 35 y 18 metros) realiza la  intervención. En materia de narcotráfico, hay intervenciones conjuntas  con Policía y Guardia Civil, pero también colaboran en materia de  inmigración.
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