SE HAN REÍDO DE LAS VICTIMAS

LA INVESTIGACIÓN FUE ARCHIVADA 

La UPV nunca entregó al juez las actas de 76 etarras matriculados para lograr beneficios penitenciarios.

La Universidad del País Vasco (UPV) nunca entregó a la Guardia Civil las actas de los exámenes que supuestamente realizaron 76 presos etarras para superar la Selectividad o acceder a la formación universitaria a través del curso de acceso para mayores de 25 años. Este asunto, que recayó en la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, fue archivado sin que dicha documentación fuese aportada por la UPV a las pesquisas efectuadas por el Instituto Armado.

Fue el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), presidido por Consuelo Ordóñez -hermana del dirigente del PP de Guipúzcoa Gregorio Ordóñez asesinado por ETA en 1995-, el que llevó este caso a la Audiencia Nacional. En un primer momento de la instrucción, el juez Juan Pablo González admitió a trámite la denuncia, con el informe favorable de la Fiscalía, al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un supuesto delito de terrorismo y otro de uso de documento falso.

El magistrado se dirigió en noviembre de 2015 a la Universidad del País Vasco (UPV) y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Bergara (Guipúzcoa) para que aportaran los certificados “firmados y sellados por el tribunal colegiado” que presentaron los presos etarras para hacer el examen de Selectividad o acceder a la formación universitaria a través del curso de acceso para mayores de 25 años. Así, González requirió las actas de exámenes y solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, bajo el GOBIERNO DEL PP CON MARIANO RAJOY y MINISTRO IÑIGO MÉNDEZ DE VIGO -al no estar transferida esta competencia- que enviase los certificados de los denunciados. Junto a ello, el juez instó a la Guardia Civil a emitir un informe sobre la falsedad de estos datos y la pertenencia al ‘frente de cárceles’ de ETA de estos etarras.

En sus pesquisas, la Guardia Civil se dirigió a dichas universidades para que le facilitaran las actas de tales evaluaciones fraudulentas, pero éstas se limitaron a comunicar las inscripciones de matriculación. Y nunca se ha vuelto a indagar en este asunto que compromete, además, al Ministerio del Interior en tanto afecta a Instituciones Penitenciarias pues estos presos esgrimieron que estaban cursando estudios universitarios para acceder a beneficios en el cumplimiento de sus penas.

En su denuncia, Covite, que había tenido acceso a registros electrónicos, aseguró que los documentos “habían sido falseados, por ejemplo, utilizando DNI con números correlativos, duplicando los números de identificación o estableciendo que cursaron los exámenes de acceso hasta diez años después de haber comenzado los estudios”. En otros casos “ni siquiera constaban las vías de acceso”.

Entre los etarras que podrían haberse beneficiado se encuentran Iñaki de Juana Chaos, Inés del Río, Francisco Múgica Garmendia, alias ‘Pakito’, o Domingo Troitiño. También figura el dirigente de Sortu Joxean Agirre Agirre, quien “supuestamente obtuvo la carrera de Sociología pese a que realizó la Selectividad en 2001, más de diez años después de iniciar sus estudios universitarios (1988)”; Ramón Aldasoro Magunacelaia; Imanol Haranburu Carrera; José Antonio López Ruiz, alias ‘Kubati’; e Iñaki Arakama Mendia, alias ‘Macario’.

Así mismo, fueron denunciados Juan Luis Aguirre Lete; Cándido Aspiazu; Dolores Gorostiaga; Juan Lorenzo Lasa Mitxelena; Valentín Lasarte; Idoia López Riaño, ‘la Tigresa’ y Jon Igor Solana Matarran.

El modus operandi del ‘frente de cárceles’ de ETA era movilizarse para que estos presos fueran matriculados en dichas universidades con el fin de acogerse a beneficios penitenciarios.

“Falsedades documentales”

Tras la sustitución de González por la juez Carmen Lamela, la instructora archivó el caso inicialmente en diciembre de 2015 al entender que a pesar de que el colectivo de presos de ETA haya sido considerado “un frente de lucha” de la organización terrorista, las falsedades documentales que se denunciaban “no pueden entenderse cometidas con ninguno de los fines o medios” que el Código Penal atribuye a los delitos de terrorismo. Por ello, se pronunció a favor de remitir la causa al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, del que partieron las actuaciones.

Después de ello, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal enmendó la plana a Lamela y le instó a reabrir el caso en tanto los hechos archivados podían constituir un delito de terrorismo cometido no tanto por los internos que se beneficiaron de los recortes de penas, sino por “aquellas personas que les hubieran facilitado tales documentos”.

Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel señalaron que estos títulos falsos contribuyeron, de forma fraudulenta, a la puesta en libertad anticipada de condenados por pertenencia a la organización terrorista. “Se aprecian indicios de que puede haber existido una práctica concertada en la facilitación de los certificados y que ésta se realizó desde fuera de las instituciones penitenciarias con la finalidad de colaborar con ETA”, subrayaron los tres jueces. Sin embargo, la investigación reactivada por Lamela fue diluyéndose hasta quedar en nada.