HONOR

HONOR
«¡Disciplina! Nunca bien definida y comprendida. ¡Disciplina! Que no encierra mérito alguno cuando la condición del mando nos es grata y llevadera. ¡Disciplina! Que reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda, cuando el corazón pugna por levantarse en íntima rebeldía, o cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la acción del mando. Esta es la disciplina que os inculcamos, esta es la disciplina que practicamos, este es el ejemplo que os ofrecemos.»

domingo, 31 de julio de 2011

Varios Oficiales de la Guardia Civil se querellarán contra parte de su cúpula

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha anunciado que se querellará contra las autoridades de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior que, “siendo garantes de la seguridad” fallaron en proteger de manera eficaz “a sus trabajadores”, y en definitiva “a los ciudadanos”, explica Martín. La querella se presentará por un delito contra la seguridad de los trabajadores con resultado de muerte.
“No vamos a tolerar ninguna situación esperpéntica y deleznable, nos jugamos la vida en la lucha antiterrorista”. Jesús Martín Vázquez, portavoz y abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) se explicaba así. “Nuestros servicios jurídicos están trabajando para exigir responsabilidades, caiga quien caiga”, continúa.
Para la Unión de Oficiales “resulta incomprensible y de una irresponsabilidad difícil de describir que, pese al número de víctimas y atentados que acumula la Guardia Civil, el Ministerio y la Dirección General, en pleno 2009, no tuviese un exacto, minucioso y detallado conocimiento de los medios de seguridad con los que contaba cada acuartelamiento”.
“USO remitió dos escritos, el 31 de julio de 2009 y el 8 de enero de 2010, al presidente Zapatero y el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para denunciar las medidas de seguridad extremadamente deficientes con las que contaban las instalaciones, pero se hizo caso omiso”, explica Martín, para quien “con 50 millones de euros” se habrían solucionado las necesidades básicas.
Con su querella, los oficiales, sin embargo, no pretenden “restar responsabilidad a los asesinos de ETA, que son los que colocan las bombas”, pero sí insisten en que son exigibles “otro tipo de responsabilidades” a los superiores que mostraron “una dejación absoluta” en adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus agentes.

PD: PUES YA ERA HORA, DESPUÉS DE 150 AÑOS DEJADOS DE LA MANO DE DIOS.

sábado, 30 de julio de 2011

GRACIAS A LOS SOCIALISTAS

SE LE HAN DADO ALAS, AHORA SE DEDICARAN A LA PROVOCACIÓN, MIENTRAS SE REARMAN DE NUEVO, PARA VOLVER A LA CARGA.  Y ENCIMA TIENEN LA CARADURA DE DEDICARNOS UN VÍDEO Y PONERNOS LAS MALETAS EN "SU FRONTERA", AL FINAL LE DEBEMOS AGRADECER TODO ESTO A RUBALCABA Y SUS HUESTES.

viernes, 29 de julio de 2011

FOTOS

Nuestro amigo José Manuel, con su hobby fotográfico, sobre todo en los temas de la GUARDIA CIVIL, nos envía unas fotos obtenidas por sus periplos por esta piel de toro, por supuesto que se lo agradecemos públicamente y que no pierda ésta costumbre tan sana.


Localidad de Pinto (Madrid)
Localidad de Pinto (Madrid)
Localidad de Navas del Rey
Ésta última foto fué obtenida después de mucho hablar con los agentes del cuartel, pues no dejaban fotografiar la fachada del mismo.

viernes, 22 de julio de 2011

El TC avala la condena a Rafael Vera por robar 3 millones de los fondos reservados

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo presentado por el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera contra la sentencia por la que fue condenado en 2002 a siete años de prisión en relación con el uso irregular de fondos reservados.
La sentencia de la Sala Segunda del TC, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, señala que la interpretación de la legalidad en la causa contra Vera, realizada por distintos órganos jurisdiccionales, "es razonable y no arbitraria ni patentemente errónea", y que no se produjo indefensión como alegaba el acusado.
Así, el TC especifica que, en contra de lo sugerido por el procesado, además de las funciones de fiscalización atribuidas al Tribunal de Cuentas, éste tiene también relevantes funciones de enjuiciamiento contable que poseen un carácter jurisdiccional reconocido por dicho Tribunal.
La sentencia, fechada el pasado día 18, ha contado con el voto particular del magistrado Luis Ignacio Ortega, quien sostiene que el recurso de amparo de Vera debió ser estimado parcialmente respecto al hecho de que se haya atribuido a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de un asunto que corresponde en exclusividad a una jurisdicción especial.
La sentencia del TC resalta que en todo momento se respetó la presunción de inocencia de Vera y que en los procedimientos "no se aprecian signos de arbitrariedad o manifiesta irrazonabilidad".
Vera solicitó al Constitucional que declarara nula la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y la posterior del Tribunal Supremo por haberse vulnerado, a su entender, los derechos fundamentales a obtener la tutela judicial efectiva.
El Ministerio Fiscal pidió que se rechazara el recurso al considerar que sus argumentos carecían "manifiestamente de fundamento", pero en 2005 la Sala Segunda del TC acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo.
El Constitucional recuerda en su sentencia que Vera también fue condenado, en concepto de responsabilidad civil, a restituir a la Administración del Estado la cantidad de 847.427,07 euros por el dinero que sustrajo para sí, y un total de 3.029.101,01 euros, en concepto de responsabilidad solidaria por el enriquecimiento de otros, acordando el comiso de dos fincas.

PD: PUES A CUMPLIR LA SENTENCIA O QUE HABLE DE UNA VEZ, AHORA QUE SUS AMIGOS LE HAN DEJADO SOLO.

martes, 19 de julio de 2011

Los Tedax de la Policía, con trajes caducados e inhibidores deficientes

"Los especialistas en la desactivación de artefactos explosivos y NRBQ del Cuerpo Nacional de Policía tienen peores medios para luchar contra las bombas, a pesar del despilfarro económico de los últimos años". Así de tajante se mostró este lunes la Unión Federal de la Policía (UFP), que denuncia las malas condiciones de trabajo estos agentes.

Según recuerda el sindicato, a finales de 2008, la Policía Nacional compró 28 trajes de máxima protección antiexplosivos EOD 9, de la talla "L", para personas que miden entre 1,90 y 1,98 metros, y que supuso para las arcas del ministerio del Interior un desembolso de 1,4 millones de euros.
"Dos años y medio después, la mayoría de los trajes continúan en sus cajas, cubiertas de polvo, sin ser utilizados ni para realizar prácticas y mientras tanto, el 95 por ciento de los especialistas Tedax-NRBQ carecen de protección adecuada, debiendo utilizar los antiguos trajes de menor tamaño pero caducados", aseguran.

Pero la falta de medias no se refleja únicamente en los trajes que utiliza esta unidad de la Policía. La UFP afirma que los explosores ZEB-CA30 comprados por Interior tienen piezas "defectuosas", que "se rompen y no cumplen con las características técnicas de la empresa suministradora", y que el robot desactivador de explosivos AUNAV no se ancla en los vehículos, con el consiguiente riesgo de aplastamiento de los policías en caso accidente de tráfico.

Asimismo, denuncian que los inhibidores de frecuencia RT002G, utilizados para minimizar el riesgo frente a artefactos explosivos activados a distancia mediante telefonía móvil, presentan "deficiencias importantes" pese a lo que se han continuado instalando en los vehículos obviando "los informes negativos de varios grupos operativos informando sobre la inutilidad de este equipo".

Según la UFP, "la improvisación y el descontrol organizativo de los responsables de la adquisición de material Tedax-NRBQ, sin un mínimo de rigor y profesionalidad, así como el engaño sistemático durante todo este periodo han llevado a esta "prestigiosa" especialidad a tocar fondo".

Pues si esto es así en la Policía Nacional, me imagino como deben estar en la G.C., pero estos últimos no pueden protestar.

viernes, 15 de julio de 2011

¿DONDE ESTAN ACTUALMENTE LOS CULPABLES?


La masacre de la plaza de la República Dominicana

 Y ahora nos preguntamos, ¿a que estamos jugando?, lo lógico es que juguemos todos o de lo contrario, rompamos la baraja

29-07-2010.- Alfredo Pérez Rubalcaba acaba de realizar el más arriesgado y polémico acercamiento de un preso de ETA desde que hace ya más de dos años comenzara los movimientos estratégicos de internos para dividir a la banda. En los últimos días, el Ministerio del Interior ha trasladado desde la cárcel granadina de Albolote al centro alavés de Nanclares de Oca a Idoia López Riaño, 'La Tigresa', la activista más sangrienta de la larga historia de la organización terrorista, con varios miles de años de prisión y, al menos, 23 asesinatos a sus espaldas.
De Juana Chaos ha estado residiendo en Belfast con su esposa tras el pago de una fianza y a la espera de una apelación presentada por sus abogados contra su extradición a España, dictada el pasado mes de marzo por un juez norirlandés.
El último preso relevante de ETA que se ha beneficiado de la política de acercamientos y alejamientos a cárceles del País Vasco, emprendida por el Ministerio del Interior a finales del pasado año, ha sido Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', antiguo jefe del aparato militar de la banda y condenado como inductor del atentado de Hipercor, informaron fuentes de la lucha antiterrorista.


La liberación hoy del etarra Antón Troitiño, tras cumplir 24 años de cárcel de los 2.500 a los que fue condenado por 22 asesinatos, ha sorprendido al propio etarra y a los responsables de Instituciones Penitenciarias. Antón Troitiño ha salido de la prisión de Huelva horas después de recibirse en el penal una orden de excarcelación inmediata dictada por la Audiencia Nacional en aplicación de la doctrina del doble cómputo penal establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia 57/2008 de 28 de abril. Es decir, que ha salido a la calle libre en aplicación de una mera cuestión de interpretación jurídica de los tribunales de justicia, a la que también se han acogido otros miembros de la banda sobre cuya situación aún no se ha resuelto.

Y A CONTINUACIÓN, LA HISTORIA DE ESTE BRUTAL ATENTADO EJECUTADO POR UNOS ETARRAS QUE YA ESTÁN EN LA CALLE, GRACIAS AL GOBIERNO SOCIALISTA

A las 7:45 horas del 14 de julio de 1986, tres semanas después de que el PSOE ganara las elecciones generales por mayoría absoluta, la banda terrorista ETA provocó una masacre de guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Una furgoneta-bomba, que estalló al paso de un convoy de vehículos de la Guardia Civil procedente de la Escuela de Tráfico de la calle Príncipe de Vergara, mató en el acto a cinco guardias civiles: CARMELO BELLA ÁLAMO, natural de Badajoz; JOSÉ CALVO GUTIÉRREZ, de Barcelona; MIGUEL ÁNGEL CORNEJO ROS, de Valencia; JESÚS MARÍA FREIXES MONTES, de Lérida, y JESÚS JIMÉNEZ JIMENO, de Teruel. Otros cuatro guardias civiles murieron en las horas posteriores al atentado: ANDRÉS JOSÉ FERNÁNDEZ PERTIERRA, natural de Gijón; JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA RUIZ, de Burgos; SANTIAGO IGLESIAS GODINO, de Alicante, y ANTONIO LANCHARRO REYES, de Badajoz. Tres más lo hicieron en los siguientes días: Javier Esteban Plaza, que falleció cuatro días después, el 18 de julio; Miguel Ángel de la Higuera López, que falleció el 31 de julio; y Juan Ignacio Calvo Guerrero, que lo hizo el 5 de agosto, convirtiéndose en la víctima número doce del brutal atentado.

El atentado de ETA que mayor número de víctimas mortales se había cobrado desde el inicio del proceso democrático se produjo un día después de la deportación a Gabón del dirigente etarra Txomin Iturbe y veinticuatro horas antes de la constitución del nuevo Parlamento. Fuentes de la lucha antiterrorista relacionaron, en un principio, el atentado con la deportación de Iturbe a Gabón. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, desvinculó ambos hechos, señalando que la acción criminal estaba preparada antes de que se conociera la expulsión.

Otras setenta y ocho personas, entre agentes de la Benemérita y civiles, sufrieron heridas de diversa consideración. Siete guardias civiles fueron heridos de gravedad: Jesús García Rangel, con secuelas físicas y psíquicas irreversibles e incompatibles con el desempeño de su profesión; Miguel Ángel Martínez Díaz, al que los trastornos neuróticos y postraumáticos provocados por el sufrimiento padecido le obligaron también a abandonar su profesión; Jacinto López Martínez, que también tuvo que pedir la baja laboral permanente por las heridas sufridas; Juan Izquierdo Sánchez, que perdió el ojo derecho y el 60% de la audición del oído izquierdo; Miguel Ángel Dorado Castellanos, obligado asimismo a abandonar su profesión a causa de las secuelas en ambos oídos y en el ojo izquierdo y las alteraciones epilépticas provocadas por el atentado; Gabriel Aranda Sánchez, que también tuvo que abandonar definitivamente la Guardia Civil por las secuelas del atentado, y José Manuel Jiménez Sánchez, que sufrió la pérdida del ojo derecho y otras heridas que le imposibilitaron seguir ejerciendo como guardia civil. Muchos más guardias civiles arrastraron secuelas durante años, viéndose obligados a dejar la Guardia Civil por causa del estrés postraumático, ansiedad, pesadillas y miedos. "Después del miedo a morir, te queda el miedo a vivir", dijo uno de ellos a El Mundo (25/06/2006). Muchos de ellos ni han sido reconocidos como víctimas del terrorismo ni han recibido ayudas para sufragar las costosas terapias psicológicas que han tenido que realizar.

El convoy atacado estaba formado por un autobús, un microbús y un todoterreno, en funciones de coche-escolta, que había salido de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en el número 250 de la calle Príncipe de Vergara y se dirigía hacia la Venta de la Rubia, a las afueras de Madrid, donde los guardias iban a realizar prácticas de conducción en motocicleta. En el convoy viajaban setenta guardias civiles alumnos de la Agrupación de Tráfico. Los mayores de la promoción tenían veinticinco años. Los más jóvenes, diecinueve. El convoy no variaba su horario y recorrido, al menos en los días anteriores al atentado: dejaba Príncipe de Vergara para girar a la derecha en la plaza y dirigirse a la carretera de circunvalación M-30 por la calle de Costa Rica.

En el número 7 de la plaza de la República Dominicana los etarras Idoia López Riaño y Juan Manuel Soares Gamboa habían aparcado una furgoneta-bomba marca Sava cargada con 35 kilos de Goma 2 y cinco ollas a presión con varios kilos de metralla compuesta por tornillos, tuercas, varillas metálicas y eslabones de cadenas de acero. Anton Troitiño Arranz, situado en una parada de autobús cercana, accionó el mando a distancia cuando vio que el convoy se puso a la altura de la furgoneta-bomba. Muy cerca, José Ignacio de Juana Chaos esperaba en un vehículo en el que emprendieron la huida. En las labores de vigilancia y en la preparación del explosivo participaron también Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada. Todos los asesinos formaban parte del grupo Madrid de ETA.

La explosión fue brutal. El vehículo más afectado fue el minibús, aunque también fue alcanzado el autobús. El vehículo escolta de la Guardia Civil quedó descolgado del convoy en el momento de la explosión, al detenerse en el semáforo previo al cruce con la plaza. Además, otros muchos vehículos, establecimientos e inmuebles de los alrededores sufrieron cuantiosos daños materiales. Especialmente afectado quedó el inmueble situado en el número 8 de la plaza de la República Dominicana, a cuya altura se encontraba aparcado el coche-bomba. Una agencia de viajes, una tienda de comestibles, una perfumería y un quiosco de prensa, entre otros, se vieron seriamente dañados. La mayoría de los cristales de los inmuebles vecinos, en un radio de cien metros, quedaron hechos añicos, así como los marcos de las ventanas más próximas al lugar del atentado. El acceso al metro de la estación de Colombia, situado a unos seis metros de donde se encontraba estacionado el coche-bomba, tuvo que ser cerrado porque "la onda expansiva provocó el desprendimiento de los falsos techos del vestíbulo de la estación y la mayor parte de las instalaciones fijas existentes en el mismo, con desprendimiento de las puertas de acceso y otros desperfectos en dependencias interiores", según señalaba un comunicado de la Compañía Metropolitana hecho público poco después del atentado.

La furgoneta-bomba, que quedó convertida en un amasijo de hierros deformes, se encontraba estacionada en la plaza desde unos días antes, según informaron desde la Delegación del Gobierno. Su matrícula era falsa y el artefacto, oculto en el maletero, estaba cubierto por papel higiénico. Por otra parte, fuentes policiales precisaron que la bomba fue accionada mediante un mando a distancia, por lo que los autores materiales se encontraban a una distancia de 150 o 200 metros.

Tras la explosión se desató una espesa humareda, que alcanzaba hasta el cuarto piso del inmueble más cercano. Chatarra de los vehículos afectados se podía observar en un radio de setenta metros. Los cuerpos de dos de los guardias civiles muertos quedaron tendidos en la calle. Otros dos fueron sacados del interior del vehículo. Uno de ellos tenía las piernas seccionadas y otro presentaba la cabeza prácticamente cortada, según personas que, en un primer momento, colaboraron en las tareas de rescate... Las escenas eran dantescas, muchos agentes estaban completamente desfigurados.
Fue una auténtica carnicería, justo lo que quería ETA que fuese. Su entonces dirigente, Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, había ordenado "emprender una dura campaña de atentados". Algunos objetivos los fijaría la propia cúpula de la banda asesina, y otros los dejarían a elección de los propios ejecutores "siempre que tales objetivos se encarnaran en personas pertenecientes a la Guardia Civil" (sentencia de la Audiencia Nacional, 2003). El asesino Esteban Esteban Nieto dijo en el juicio que "cuando ETA hace sus acciones pretende causar el mayor número de bajas posibles. Estamos en guerra y es lógico que los que hicieron la acción lo supieran". Por su parte, el no menos asesino De Juana Chaos restó importancia a la masacre, considerando que no era ni más ni menos importante que cualquier otro atentado de la banda.

Tras el atentado, especialistas en explosivos de la Policía extrajeron muestras del artefacto para determinar la cantidad y el tipo de explosivo utilizado. Pasadas las 10:00 horas, los restos de la furgoneta utilizada como coche-bomba fueron trasladados a dependencias policiales con la intención de continuar el examen de la misma. Nada más producirse el atentado, la Policía y la Guardia Civil establecieron fuertes controles en las salidas de Madrid.

En el lugar del atentado -donde algunos ciudadanos colocaron enseguida ramos de flores- se congregaron un par de centenares de personas que se arremolinaron en torno a los vehículos siniestrados. Algunas personas gritaron consignas ultraderechistas, como las que pedían la libertad de Antonio Tejero, ex teniente coronel condenado por la intentona golpista del 23-F, y se corearon frases contra el Gobierno y a favor del restablecimiento de la pena de muerte. En el momento en que se extraían los cadáveres de dos de los guardias civiles del interior del vehículo, los gritos y consignas arreciaron, así como los insultos y provocaciones contra los informadores de diversos medios de comunicación.

El alcalde de Madrid, Juan Barranco, hizo un llamamiento a los madrileños para guardar, a las doce de la mañana del día siguiente, martes 15 de julio, tres minutos de silencio en solidaridad con las víctimas del atentado, sus familiares y los cuerpos de seguridad.

La capilla ardiente se instaló el mismo lunes al mediodía en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, junto a los familiares y compañeros -algunos de ellos heridos-, acudieron, entre otros, el secretario de la Casa Real, Sabino Fernández Campo; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Ángel Liberal Lucini; el director general de la Guardia Civil, José Antonio Sáenz de Santamaría, y el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga. El ministro del Interior, José Barrionuevo, aguardó en el lugar la llegada de los féretros con los cuerpos de los fallecidos, que fueron recibidos con honores. Los ataúdes estaban cubiertos por la bandera nacional y con un tricornio encima.

El funeral se celebró en el mismo lugar al día siguiente, presidido por Barrionuevo. Un grupo de personas aguardó en el exterior de la Dirección General de la Guardia Civil e insultó a las autoridades políticas que accedían al recinto, llegando incluso a apedrear los vehículos de sus comitivas y las furgonetas de los medios de comunicación que cubrían la celebración del mismo.

En 2008 se inauguró en la plaza de la República Dominicana un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo sufragado íntegramente por donaciones de ciudadanos anónimos a iniciativa de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES).

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Ignacio de Juana Chaos, Antonio Troitiño Arranz, como autores materiales, y Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada, como colaboradores necesarios, a sendas penas de 2.232 años de cárcel, que resultan de sumar: 30 años por un delito de atentado con resultado de muerte; 29 años de reclusión mayor por cada uno de los once delitos consumados de asesinato; 24 años por cada uno de los setenta y ocho delitos de asesinato frustrado y 11 años más por un delito de estragos. El escrito de conclusiones de la Fiscalía fue elaborado por la fiscal Carmen Tagle González, asesinada por la banda terrorista el 12 de septiembre de 1989, un mes antes de la celebración del juicio. Troitiño Arranz salió de prisión en abril de 2011, cuando sólo había cumplido 24 años de prisión, al aplicársele una doctrina del Tribunal Constitucional sobre el cómputo de la prisión preventiva. En la actualidad, se encuentra en paradero desconocido, después de que la Audiencia Nacional rectificase su decisión y dictase orden de busca y captura contra él.

En el año 2000 se condenó a Juan Manuel Soares Gamboa a 1.401 años, que vio atenuada la pena por su arrepentimiento y colaboración con las autoridades. Durante el juicio pidió perdón a todas las víctimas de ETA, y dijo: "He visto una serie de testimonios, han pasado ante nosotros personas con graves secuelas y muchas de ellas agravadas por el paso del tiempo y son horrorosas de verdad (...) Nunca lo había visto tan de cerca y quiero solicitar el perdón de todas las víctimas por mi acción criminal, que hago extensiva a todas las víctimas de ETA, porque yo entiendo que en algún momento fui cómplice".

En 2003, finalmente, la Audiencia Nacional condenó a Santiago Arrospide Sarasola a 1.920 años de cárcel y a Idoia López Riaño a 1.472 años.



Carmelo Bella Álamo, de 22 años, era natural de Granja de Torrehermosa (Badajoz), donde fue enterrado. Había ingresado en la Guardia Civil un año antes de su asesinato y estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Arganda.




José Calvo Gutiérrez, de 19 años, era natural de Barcelona y había ingresado en la Guardia Civil en mayo de 1985. Estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Barajas.




Miguel Ángel Cornejo Ros, de 24 años, era natural de Burjasot (Valencia). Estaba casado y se había incorporado a la Guardia Civil en mayo de 1985.





Jesús María Freixes Montes, de 21 años, había ingresado en la Benemérita el 1 de marzo de 1986, por lo que llevaba sólo cuatro meses y medio. Fue enterrado en el cementerio municipal de Lérida. Su padre, Francisco Freixes, era concejal independiente en el Ayuntamiento de Lérida y corresponsal del diario ABC cuando su hijo fue asesinado. Su hermana Teresa, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, escribió una carta a ETA publicada en varios medios de comunicación en la que les calificaba de asesinos y de cobardes, y se mostraba incapaz de entender que se pudiera defender el nacionalismo a través de la violencia y el asesinato. En la misma añadía que a su hermano Chus sus compañeros le llamaban El Lleida por su defensa del catalán.
Jesús Jiménez Jimeno, de 20 años, y natural de Cascante del Río (Teruel), se había incorporado a la Guardia Civil el 1 de marzo de 1986, igual que Freixes Montes. Estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Teruel.





Andrés José Fernández Pertierra, de 20 años, era natural de Gijón (Asturias). Había ingresado en la Guardia Civil tres meses y medio antes de ser asesinado.





José Joaquín García Ruiz, de 21 años, era natural de Merindad de Valdivieso (Burgos). Igual que el agente Fernández Pertierra, llevaba apenas tres meses y medio en el Instituto Armado. Estaba soltero y destinado en el Destacamento de Tráfico de Briviesca-Autopista.



Santiago Iglesias Godino, de 20 años, nació en Hondón de las Nieves (Alicante). Igual que varios de sus compañeros asesinados, ingresó en la Guardia Civil tres meses y medio antes de ser asesinado. Su cuerpo no estuvo presente en el funeral oficial celebrado en la Dirección General de la Guardia Civil al día siguiente porque su familia decidió donar sus órganos.


Antonio Lancharro Reyes, de 21 años y soltero, había nacido en Monesterio (Badajoz), donde una calle lleva su nombre. Su hermana Manuela contó en 2007 que, cuando tenía 17 años y era una adolescente "desorientada", perdió a su "hermano, amigo y confidente" y, con él, el norte de su vida. "Con esa edad yo no salía a ninguna parte si no era con él. Íbamos siempre juntos y, si le gustaba alguna chica, recuerdo que me lo contaba para que le echara una mano". Manuela convertida ya en madre de familia, ha logrado levantar cabeza, después de largos años sin poder hablar con nadie de lo que le pasó a su hermano mayor. Eran los años de plomo. "En aquel entonces las cosas no eran como ahora. No teníamos psicólogos a nuestra disposición. No podía hablar con nadie, y menos con mis padres. Lo único que quería es que mi madre no llorara más". (El Comercio, 18/02/2007).

Y AHORA, DECIDAN USTEDES.....

lunes, 4 de julio de 2011

Ahora vas y lo cascas

Visita el blog de los Guanchanchos LINK
Compañeros, difundid este mensaje, que les llegue a todos, tanto a los que están afiliados como a los que no lo están.
Como ya sabréis recientemente el Gobierno ha aprobado los presupuestos para el próximo año gracias a un acuerdo entre Coalición Canaria junto al PNV:

Entre muchas de las cosas por las cuales estos partidos políticos han apoyado al gobierno
esta en el caso de Coalición Canaria, que se financie la creación de la Policía Autonómica de la siguiente forma:

1.- El Gobierno se ha comprometido a pagar el 60% del vestuario de estos Agentes, cuando llevan 2 años con nuestro nuevo vestuario parado.

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008091800_1_171194__Policia-Canaria-tiene-uniforme

2.- El Gobierno se ha comprometido a pagar durante los 4 primeros años que posteriormente se les prorrogara igual que ha sucedido con los mossos el 50% del sueldo de estos, con lo cual un policía de las Islas esta cobrando 1712 euros al mes  así mismo el señor Zapatero se ha comprometido a pagarles las horas de exceso que tengan que hacer por la carencia de personal los primeros años, le van a pagar las horas de Exceso a 62 Euros, las nocturnas a 40 euros y las festivas a 52 Euros, por si alguno no lo sabe a los Guardias Civiles nos pagan las horas nocturnas a 0.25 y las festivas a 0.50 y para que nos paguen las horas de exceso, te puedes pasar hasta 12 horas y solo te pagan 52 Euros.

3.- Todo este dinero sale del 5% que nos están quitando a nosotros para dárselo a otros. La única forma de demostrar nuestra disconformidad es trabajar a reglamento, si no estamos unidos en esto, nos seguirán ninguneando toda la vida, a todos no nos pueden quitar los complementos pero tenemos que ser compañeros de verdad y no ir cada uno por nuestra cuenta.

un saludo


JUNTA DIRECTIVA NACIONAL AUGC
Secretario Asuntos Jurídicos
Tfno nº 667114362

sábado, 2 de julio de 2011

Teddy Bautista y otros directivos de la SGAE, detenidos.

POR SUPUESTO, QUE ANTES DE DETENERLOS, SE LES HAN LEÍDO SUS DERECHOS, "DE AUTOR". ESTA NOCHE, DUERME EN LOS CALABOZOS.
Su venganza, cobrarnos por cantar el himno del Cuerpo.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará este domingo al presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y a otros dos directivos de esta entidad, el director general Enrique Loras y el director financiero Ricardo Azcoaga, y decidirá si cabe imponerles medidas cautelares.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a Efe que estos tres directivos de la SGAE serán conducidos mañana ante el juez y el lunes serán puestos a disposición judicial los otros seis detenidos.

Los nueve arrestados en la denominada operación "Saga" están prestando ya declaración en las dependencias de la Guardia Civil -la comandancia de Tres Cantos (Madrid) y un cuartel de Las Rozas (Madrid) a las que fueron conducidos tras los registros en la sede de la SGAE y otros inmuebles.

Entre los seis detenidos que comparecerán el lunes ante Ruz destaca el director general de la citada filial digital de la SGAE -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)-, José Neri, a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva.

Los otros están vinculados a la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE.

Se trata de Antonia García y Elena Vázquez, esposa y cuñada de Neri, respectivamente, así como de Eva García, Rafael Ramos y Celedonio Martín.

De momento, a los detenidos se les imputan delitos societarios y de apropiación indebida por haber creado una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado "grupo SGAE".