HONOR

HONOR
«¡Disciplina! Nunca bien definida y comprendida. ¡Disciplina! Que no encierra mérito alguno cuando la condición del mando nos es grata y llevadera. ¡Disciplina! Que reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda, cuando el corazón pugna por levantarse en íntima rebeldía, o cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la acción del mando. Esta es la disciplina que os inculcamos, esta es la disciplina que practicamos, este es el ejemplo que os ofrecemos.»

ESTA ES LA HISTORIA DE NUESTRO SACRIFICIO Y TU ERES EL FUTURO

"EL AZOTE DE ETA"

lunes, 28 de diciembre de 2009

Ceses y dimisiones que no admiten retrasos


RECOGIDO EN LIBERTAD DIGITAL (LINK) Y ESCRITO POR GUILLERMO DUPUY. LLEVO DÍAS RECOPILANDO INFORMACIÓN PARA PONERLA AQUÍ, PERO ESTE ARTICULO ESTA MAS CLARO DE LO QUE YO PODRÍA EXPRESARLO.

Ya sabíamos que el Gobierno de Zapatero, por dar una anestesiante cobertura a sus alianzas con los separatistas, no tuvo empacho en prenegociar secretamente una tregua con los terroristas, implicar al parlamento en favor de un proceso dialogado del fin de la violencia y hasta anunciar públicamente desde El País su disposición a acabar de la mano de los nacionalistas, y "a cambio de una tregua cuanto antes", con el actual Estatuto de Guernica.

Sabíamos también, por boca de Fernando Savater, la disposición de Zapatero de "dar una salida a los presos"; como sabíamos, así mismo, de los intentos del Gobierno de silenciar –incluso denigrar– a las víctimas del terrorismo contrarias a esa paz falsa y envilecida. Ya sabíamos que, una vez llegado el ansiado comunicado de tregua, el Gobierno de Zapatero dijo haber "verificado" la renuncia definitiva de ETA a la violencia, supuesta renuncia que, en gran parte, desmentía la propia organización terrorista en los comunicados en los que recordaba al Ejecutivo sus "compromisos adquiridos".

Sabíamos que, por sostener esa mentira institucionalizada, el Gobierno de Zapatero dijo "no tener constancia" de la comisión por parte de la banda de unos delitos de extorsión, a pesar de haber sido denunciados por empresarios vascos y navarros y justificados por los propios etarras en una entrevista concedida a Gara. Ya sabíamos que el Ejecutivo concedió en Estrasburgo un aval internacional a la negociación con la banda terrorista, o que accedió a que el PSE se sentara públicamente con Batasuna, o que permitió que los proetarras pudieran, con otras siglas, volver a presentarse a las elecciones.

Sabíamos que el Gobierno de Zapatero redujo casi hasta la nada, tal y como reflejan las estadísticas, el número de detenciones de miembros de ETA, o que respaldó que la Fiscalía durante un tiempo se alineara con las tesis de los abogados defensores en casi todas las causas abiertas contra la organización terrorista, o que tuvo la intención de excarcelar a un etarra tan histórico y sanguinario como Ignacio de Juana Chaos. Sabemos también desde hace años que por esa "paz sucia" hubo agentes de la policía que, bien motu proprio, bien siguiendo órdenes de sus superiores, alertaron al aparato de extorsión de ETA de que estaban siendo vigilados por orden del juez Grande-Marlaska.

Lo que no sabíamos, hasta que lo publicara el pasado domingo el diario El Mundo, es que uno de los representantes del Gobierno trató de calmar la insaciabilidad e impaciencia de los etarras esgrimiendo, en favor del Gobierno y de su voluntad de negociación, la comisión de ese delito de colaboración con banda armada como fue el chivatazo policial a ETA. Lo que tampoco sabíamos hasta ahora es que ese representante del Gobierno es nada menos que el actual vocal del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, íntimo amigo del juez Garzón y aupado a su actual cargo por el PSOE.

Ante estos nuevos datos, a la ya debida dimisión de Rubalcaba debe acompañarle el inmediato cese de Gómez Benítez y la inhibición de Garzón en favor de otro magistrado en la causa abierta por el chivatazo.

Aun en el improbable caso de que los policías perpetraran ese delito de colaboración con banda armada motu proprio, quien tiene que asumir la responsabilidad política por semejante delito es quien en el momento de perpetrarlo ostentaba la responsabilidad de ser ministro del Interior, en este caso, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Así mismo parece evidente que, por mucho que no fueran altas instancias del Gobierno las que dieran la orden de perpetrarlo, alguien que, como Gómez Benítez, ha alegado en favor del Ejecutivo la comisión de un delito como el que nos ocupa no debería poder representar cargo institucional alguno, menos aun relacionado con la Justicia. ¿O es que nos hemos vuelto todos locos?

En cuanto a Garzón, si su pasado respaldo a la "paz sucia" de ZP –"por la paz hay que hablar hasta con el diablo"–, ya le desacreditaba como juez instructor de un caso como el del chivatazo a ETA, su intima relación con Gómez Benítez le obliga, aun con más razón, a dejar paso a otro magistrado. De hecho, cuando a la Comisión Disciplinaria del CGPJ han llegado asuntos que implicaban a Garzón, Gómez Benítez se ha abstenido, dada la antigua relación profesional y pública amistad que aun les une. De no hacerlo, Garzón no haría más que alimentar las ya de por sí fundadas sospechas de que su notorio y escandaloso retraso en la instrucción de esta causa se debe a que desea tenerla como medio de presión al Gobierno ante las causas abiertas contra él por los asuntos de sus retribuidos cursos en Nueva York, su delirante proceso judicial contra Franco o el de las escuchas a los abogados del caso Gürtel.

Y es que por mucho que ahora el Gobierno de Zapatero esté en una "fase de confrontación con ETA" –por utilizar la elocuente expresión del propio Rubalcaba–, nada justifica la condescendencia, política y penal, hacia quienes colaboraron con ella.