CASO FAISAN, El investigador del chivatazo trató de borrar la grabación que lo prueba

 A LA VISTA DE LO QUE VA SALIENDO A LA LUZ, SE ESTÁ DEMOSTRANDO QUE LOS POLÍTICOS UTILIZAN A "ALGUNOS" COMPONENTES DE LA POLICÍA NACIONAL, PARA SUS LÍOS, LO QUE DEMUESTRA MÁS CLARAMENTE QUE EXISTE "UNA POLICÍA" QUE NO CUMPLE CON SU DEBER Y SOLO BUSCA LAMERLE LOS ZAPATOS A LOS POLÍTICOS. ¿HONOR?, Y UNA MIERDA.

LO MÁS BONITO DE TODO ESTO, ES QUE ESOS "POLICÍAS", NUNCA TEMERÁN QUE LOS TERRORISTAS LES MATEN, A ELLOS LES DA LO MISMO, MIENTRAS CAIGAMOS LOS DEMÁS. ¿QUE ADJETIVOS PODRÍAMOS PONERLES A "ESOS POLICÍAS", YO YA LO SÉ, USTEDES PÓNGANLES LOS QUE QUIERAN.
Los testimonios aportados este martes por cuatro mandos policiales al Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que actualmente dirige el magistrado Pablo Ruz, vuelven a poner al investigador del chivatazo a ETA, conocido como Carlos Germán, en el foco de todas las miradas.
Según han señalado fuentes jurídicas presentes en la declaración, el primer investigador del caso, conocido como José C., ha relatado al magistrado cómo su subordinado, denominado Carlos G. intentó que se borrase la grabación donde el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, le reconocía a su cuñado, Carmelo Luquin, que había recibido un soplo de la Policía. El chivatazo a la banda criminal se produjo el 4 de mayo de 2006 cuando las autoridades judiciales españolas y francesas –el juez Fernando Grande Marlaska desde la Audiencia Nacional y la magistrada francesa de la lucha antiterrorista Laurence le Vert desde el país galo- preparaban una operación conjunta, la operación ‘Urogallo’, para detener a la red de extorsión de ETA.
Este martes el superior de Carlos G. ha ratificado el informe que ya aportó a la causa y donde señaló que el investigador del soplo "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".
El responsable del equipo de investigación del soplo habría puesto trabas a las detenciones y tratado de destruir la citada prueba ante el miedo de que tanto él como sus hombres, es decir, los agentes que junto con él formaban parte del operativo, "fueran crucificados" por estropear la tregua con los terroristas fruto de la negociación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En la conversación que se trató de eliminar, que se produjo el mismo día del chivatazo, Elosúa indicaba a su cuñado que una persona que había entrado en su bar sin identificarse le había advertido que le seguían y que sabían que el día anterior había mantenido una reunión en una sidrería de Oyarzun.
Según Elosúa, el autor del chivatazo le dijo que la policía era consciente de que iba a entregar "nueve botellas de vino", que los investigadores relacionan con entregas del impuesto que la banda cobra como chantaje, que "se las guardara" para "no fastidiar todo el proceso" y que, si cruzaba la frontera, se iba a producir la detención del enlace de ETA, José Antonio Cau Aldanur. La llamada la habría realizado presuntamente un inspector de Álava aunque este martes su defensa ha negado rotundamente su implicación en el escándalo.
Actualmente, en la causa están imputados por los delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez) el ex director general de Policía y dirigente del PSE Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y dicho inspector de la Brigada de Información de Álava. Sin embargo, sobre el citado Carlos G. –presunto culpable o cabeza de turco- no recae a día de hoy imputación alguna.
Junto al comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) del Cuerpo Nacional de Policía, José C., han declarado ante el instructor Ruz el comisario provincial de San Sebastián, Fernando Amo; el inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, que también aparece en las actuaciones como jefe del Grupo VIII; y, la responsable de la Sección de Análisis de este departamento. Del testimonio de todos ellos se deduce que el operativo policial que se desplegó para evitar las detenciones dependía de Madrid y no de la ciudad donostiarra por lo que los agentes han señalado que ellos no estaban enterados de que se iba a producir el soplo.
Además, los testigos han sostenido que las cintas con los vídeos en los que se grabaron los movimientos registrados en la puerta del bar 'Faisán' que contienen pasajes en negro fueron custodiadas por el equipo de Carlos Germán. Este extremo lo deberá confirmar la Guardia Civil a quien el juez instructor, Pablo Ruz, le ha solicitado una certificación de la cadena de custodia seguida sobre esa cinta hasta que llegó al Juzgado y que se identifique a los funcionarios o terceros que la tuvieron bajo custodia. El magistrado quiere saber por qué se produjeron y averiguar "si los cortes de la imagen que aparece en el visionado son simultáneos a la grabación original o se produjeron con posterioridad y si los cortes se produjeron de forma accidental o intencionada". Además, el juez pide que, si es posible, se recuperen las imágenes borradas.
Al margen de los miembros policiales este martes ha testificado en la Audiencia Nacional el subdirector de La Razón y experto en Interior Jesús María Zuloaga a colación de una conversación telefónica que mantuvo con Amo y que consta en el sumario. Zuloaga ha manifestado que dicha conversación fue de carácter personal, por lo que podía aportar muy poco a la investigación de los hechos.
De esta forma, la investigación judicial del chivatazo a ETA se reactiva después de que su anterior instructor, el magistrado Baltasar Garzón -suspendido de sus funciones- tuviera el caso 'durmiendo' en uno de los cajones del juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia.