En la resolución, el magistrado detalla las diez llamadas entre el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el móvil que supuestamente pertenecía al número dos de Interior, realizadas entre el 3 de mayo de 2006 (un día antes del soplo en las inmediaciones del «bar Faisán» del municipio guipuzcoano de Irún) y el 17 de octubre de ese mismo año. El mismo día del chivatazo, los usuarios de ambos teléfonos mantuvieron una llamada de tres minutos y 33 segundos a las 9:47 horas y una segunda de sólo cuatro segundos casi una hora y veinte minutos después, a las 11:06 horas. El resto de llamadas (a las que habría que sumar otras siete a un número fijo del Ministerio) se realizaron (ver listado adjunto) en los meses de septiembre y octubre de ese mismo año.
Necesario e idóneo
Con una operación antiterrorista en marcha, los contactos entre el responsable de Seguridad de Interior y el jefe de la Policía no tendrían nada de extraño, pero el juez Ruz subraya la «necesidad, idoneidad y proporcionalidad» de la investigación para avanzar en el esclarecimiento del caso. Para el magistrado «resulta preciso aclarar», dada la gravedad de los delitos imputados (revelación de secretos y colaboración con banda armada), la «real significancia» de ese tráfico de llamadas «vinculado a la fecha de los hechos».
Ruz reclama además explicaciones de por qué no se incluyeron estos números «como teléfonos de relevancia» en el informe policial que recogía el tráfico telefónico de los tres imputados.
Ésta es sólo una de las diligencias propuestas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) –respaldadas a posteriori por la Fiscalía, que en su día llegó a pedir el archivo del caso– a las que ha dado el visto bueno el magistrado por considerarlas «útiles» y «necesarias» para el fin de la investigación. La asociación que preside Daniel Portero solicitó al instructor que, una vez identificados los usuarios de los teléfonos, procediera a citarles a declarar como testigos. El juez recoge el guante, pero especifica que «una vez realizada dicha identificación», decidirá «respecto de la solicitud interesada de declaración testifical por parte de quienes resultaran identificados como tales usuarios».
Además, el instructor también quiere que se ponga cara al usuario del móvil adscrito a la Subsecretaría de Interior que mantuvo cinco llamadas con el jefe superior de Policía del País Vasco (también imputado) el 3 y 4 de mayo, en las horas decisivas en las que supuestamente se produjo el chivatazo a ETA.
Informe a Asuntos Internos
Ruz también ha citado a declarar como testigos el próximo día 8 a tres mandos policiales: Fernando Amo, comisario provincial de San Sebastián cuando ocurrieron los hechos (éste a propuesta de la AVT); al comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI); y al jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián.
Del mismo modo, el juez da cinco días de plazo a Asuntos Internos de la Policía para que le explique si elaboró algún informe sobre la actuación policial conjunta con Francia contra el «aparato de extorsión» de ETA que supuestamente desbarató el chivatazo.
El instructor también ha accedido a la petición fiscal de un informe pericial sobre si las antenas francesas tienen cobertura en la zona del «Faisán» y si alguna llamada pudo recogerse en un repetidor del país vecino. Sin embargo, rechaza que (como pedía la AVT) la Guardia Civil realice un informe complementario.
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