Interior deja en libertad a un etarra que asesinó a dos personas, EL MISMO DIA DEL HEDIONDO COMUNICADO

Instituciones Penitenciarias, dependiente del ministerio del Interior, ha aprobado la concesión del tercer grado penitenciario para el terrorista de ETA Fernando Luis de Astarloa, interno en la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca en una resolución dictada este jueves, el mismo día del comunicado en el que la banda anunció el cese definitivo de su actividad armada, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.
El tercer grado penitenciario significa pasar a cumplir condena en régimen abierto con la única obligación de acudir a la cárcel sólo para dormir. La asignación de las distintas clasificaciones depende en exclusiva de las Juntas de Tratamiento de cada prisión que se basan en criterios como el pasado criminal del preso o su evolución en prisión, entre otras cuestiones.
El régimen abierto es una situación muy poco común entre los 560 internos etarras que actualmente cumplen condena en cárceles españolas. Desde el año 2007 tan sólo se han aprobado cinco propuestas de tercer grado para este colectivo. Hasta Astarloa, se había aplicado una en 2007, otra en 2008, y dos en 2010.
La concesión del tercer grado es una decisión ejecutiva por lo que Astarloa ya puede comenzar a disfrutar de su nueva situación. A diferencia de otros procedimientos en prisión, en este caso la cárcel de Nanclares de la Oca propone el cambio y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que dirige Mercedes Gallizo es la encargada de aprobarla.
Este Departamento, tan sólo tiene la obligación de comunicar su decisión a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En caso de oponerse, el Ministerio Público tiene cinco días de plazo para presentar un recurso ante el juez, quien, en ese caso, decide en última instancia.
Se encontraba en 100.2
No es la primera vez que la Junta de Tratamiento de Nanclares de la Oca propone la concesión del tercer grado penitenciario para Fernando Luis de Astarloa. La primera vez fue en mayo de 2010, pero tras el recurso del fiscal, el juez terminó aplicándole el artículo 100.2 del reglamento penitenciario bajo el que ha permanecido hasta ahora saliendo para trabajar o formarse varias horas al día, excepto los fines de semana.
De este artículo 100.2 disfrutan actualmente por su evolución positiva nueve presos de ETA internos en cárceles vascas, la mayoría de ellos en Nanclares de la Oca. Se trata de Andoni Muñoz, Andoni Alza Hernández, Fernando Pérez de Nanclares, Luis María Lizarralde, Iñaki Rekarte, Jorge Urruñuela, Ángel Carlos Figueroa y José Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis', –interno en Martutene (Guipúzcoa)–. Todos ellos se encuentran desvinculados de la violencia de ETA.
Las fuentes consultadas recuerdan que la concesión del 100.2 es la antesala del tercer grado –conocido coloquialmente en el ámbito penitenciario como el 'régimen cenicienta' al obligar al preso a ir a la cárcel sólo para dormir–. Únicamente se puede acceder a él con la mitad de la pena cumplida.
Asesinó a dos personas
Astarloa es uno de los ejemplos de los presos que cumplen condena en la cárcel de Nanclares de la Oca y que tras su ruptura con la violencia ha ido gozando de beneficios penitenciarios. Con las tres cuartas partes de la condena cumplidas desde 2009, además de gozar durante año y medio del 100.2 ha accedido a permisos de varios días fuera de prisión respondiendo positivamente.
Detenido en 1990, Fernando Luis de Astarloa integró el grupo Orbaiceta de ETA y ese año fue condenado a 29 años por asesinar a un peluquero en Portugalete (Vizcaya). La misma pena le fue impuesta en 1992 por el asesinato de un taxista en Bermeo (Vizcaya). La víctima, Juan José Uriarte Orue, era primo del entonces obispo auxiliar de Bilbao Juan José Uriarte. Fue el propio Astarloa quien le asestó un disparo en la nuca.
Desde hace años se encuentra desvinculado de su pasado terrorista. En enero de 2010 fue uno de los seis presos de Nanclares de la Oca que anunció por carta su desvinculación de la banda terrorista ETA "por voluntad propia".
Se trata de uno de los etarras a los que se le aumentó la pena siguiendo la 'doctrina Parot', por la que el Tribunal Supremo cambió la fórmula de rendición de penas a partir de 2006. En septiembre de 1999, se benefició por primera vez de las medidas penitenciarias adoptadas por el Ministerio de Interior.