
DESDE ESTE BLOG LE ENVIAMOS NUESTRO MAS SENTIDO PÉSAME A LA FAMILIA Y COMPAÑEROS DE ESTE GENDARME FRANCÉS
La UFP explicó que hace esta denuncia después de que actores como Willy Toledo hayan acusado en los últimos días de torturas a las Fuerzas de Seguridad. Además, este sindicato policial se quejó de que los artistas hayan reprochado que los agentes detengan a los llamados "manteros", que venden en la calle películas y discos piratas.
En este sentido, la UFP destaca que en los últimos Presupuestos Generales del Estado se contempla una partida de 88 millones de euros para el cine español.
El sindicato asegura que esta cifra contrasta con el hecho de que los policías nacionales se deban pagar de su bolsillo el llamado "kit de seguridad", que cuesta unos 620 euros y que incluye las botas tácticas, que cuestan unos 80 euros; los guantes anticorte, unos 40, y el chaleco antibalas, 500 euros.
Según la UFP, "estos precios son de mercado y baratos, con lo cual a la Administración le costaría bastante menos" que el dinero para el cine, ya que habría que gastar unos 79,9 millones de euros para dotar de estos equipos de seguridad a policías nacionales y guardias civiles.
Antes de entregárselo, Ballesteros marcó el número del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, quien a continuación habló durante más de cinco minutos con Elosúa. En esa llamada, apunta la investigación reflejada en el sumario, el jefe superior vasco alertó al propietario del Faisán –encargado de recoger el dinero de las extorsiones para pasárselo a ETA– de que estaba en marcha una inminente operación dirigida por el juez Fernando Grande-Marlaska.
Tras el chivatazo de Pamiés y Ballesteros, los planes de Elosúa cambiaron. El colaborador de ETA abandonó precipitadamente el Faisán ante la sorpresa de los agentes de Policía que vigilaban y esperaban órdenes para iniciar la operación contra él. El dueño del bar cogió su coche acompañado de su yerno, Carmelo Luquin, y arrancó dirección a Francia ante la mirada impasible de los policías de Marlaska, que luego fueron precisamente los que se encargaron de investigar el soplo.
Mientras, el inspector que controlaba la baliza del vehículo de Elosúa, situado en un piso de Irún, escuchaba asombrado la conversación que el colaborador de la banda terrorista tenía con su yerno. “Estamos escuchando cosas muy raras. Elosúa dice que un policía le ha avisado de la operación”, aseguró el agente por teléfono a su jefe, que coordinaba desde San Sebastián el operativo para desmantelar la red de extorsión. ¿Qué le había dicho Elosúa a su yerno para que el inspector se quedara tan asombrado? El dueño del Faisán, a su vez, también había mostrado a su copiloto la sorpresa que le produjo la llamada. “Tiene que ser un madero. No me entra en la cabeza que me haya advertido por teléfono”, le dijo a su interlocutor.
Además de a Pamiés y a Ballesteros, las investigaciones del sumario apuntan al entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Señalan que Pamiés, justo después de hablar con Elosúa, hizo dos llamadas al máximo dirigente del Cuerpo Nacional de Policía, que no cogió el teléfono, ya que en ese momento se encontraba en un acto oficial del Ministerio del Interior. En cuanto terminó el evento, fue el propio García Hidalgo el que devolvió la llamada al jefe superior de Policía del País Vasco. Tanto García Hidalgo como Pamiés y Ballesteros se encuentran en estos momentos imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Ascenso
Cuatro meses después del día en que se produjo el chivatazo, el 8 de septiembre de 2006, García Hidalgo fue cesado de su cargo. El autor material del soplo, siempre según la investigación, Enrique Pamiés, continúa hoy ejerciendo su tarea desde el mismo cargo que ocupaba entonces, el de jefe superior de la Policía del País Vasco. El inspector que entregó materialmente el teléfono móvil a Elosúa, José María Ballesteros, fue ascendido y hoy es comisario en Bilbao.
FUENTE: Intereconomia.com
Les pongo este comentario de alguien que dice ser policía retirado:
Soy Policía jubilado. Este individuo ha hecho lo que tantos otros de su misma catadura moral, capaces de hacer cualquier cosa con el único propósito de ascender, sea como sea, aunque resulten unos inútiles para el desempeño del cargo. Dicho esto, quiero decirte compañero que, si es cierta la noticia como así parece, te considero UN COLABORADOR DE LA BANDA TERRORISTA QUE TANTOS COMPAÑEROS HA MASACRADO, aunque imagino que eso te da igual. Cuando estés en tu despacho de JEFE, del que procurarás no salir mucho, y tengas que recibir a los subordinados, ¿les mirarás a los ojos? ¿pondrás semblante digno y de JEFE?
Después de haber estado quince años destinado en vascongadas y haber enterrado a muchos compañeros, me permito decirte: BASURA, TRAIDOR Y TERRORISTA ASESINO. Disfruta del cargo mientras te dejen, pero no olvides que quienes te han pagado son más inteligentes que tú.
Así lo han informado fuentes penitenciarias, que han señalado que Roldán firmará ese día su liquidación de condena y no tendrá que volver a pernoctar en el Centro de Inserción Social (CIS) Las Trece Rosas, de Zaragoza, adonde ha acudido cada noche -exceptuando los permisos de los que ha disfrutado- desde que en 2005 le fuera concedido el segundo grado penitenciario.
El primer civil al frente del instituto armado vio truncada su carrera política a finales de 1993, cuando Diario 16 publicó varias informaciones sobre el incremento de su patrimonio, obtenido gracias a las comisiones cobradas por la adjudicación "a dedo" de obras en los cuarteles de la Guardia Civil, que le reportaron unos 1.700 millones de pesetas (más de diez millones de euros).
Roldán se dio a la fuga el 26 de abril de 1994 y permaneció desaparecido durante diez meses, hasta que fue detenido el 27 de febrero de 1995 en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia).
A su llegada a España, ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila), en un módulo especial donde estuvo aislado y custodiado por la Policía, para lo que Prisiones tuvo que pedir un permiso extraordinario al Congreso de los Diputados, ya que la Ley Penitenciaria prohíbe la presencia de fuerza pública armada en el interior de los centros, salvo en caso de disturbios.
El 26 de febrero de 1998, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a 28 años de prisión, pena que el Tribunal Supremo aumentó a 31 años en una sentencia notificada el 21 de diciembre de 1999.
Para entonces, además, Roldán había sido también condenado por el llamado "caso Urralburu" por la Audiencia de Navarra, que el 7 de septiembre de 1998 le impuso una pena de tres años de cárcel.
Durante su estancia en la prisión abulense, Roldán presentó varios recursos, solicitó la refundición de sus condenas -que quedaron establecidas en 20 años- y pidió que se le aplicara el Código Penal de 1995 -él había sido condenado por el de 1973-, ya que el nuevo texto establecía penas más leves para los delitos de los que se le consideró culpable.
Así, en 2000 comenzó a aplicársele el nuevo Código Penal, pero hasta entonces siguió beneficiándose de las redenciones por estudios y otras actividades previstas en el antiguo, por lo que los cinco años que había pasado en prisión hasta esa fecha computaron como diez.
Segundo grado y traslado a Zaragoza Entre el año 2000 y la actualidad no ha redimido un solo día, pero sí comenzó a disfrutar de permisos, concedidos siempre por las Audiencias Provinciales -primero la de Ávila y luego la de Madrid- después de que tanto la prisión como el juez de vigilancia penitenciaria se los denegaran.
La Justicia también rechazó concederle el tercer grado penitenciario, ya que una ley aprobada en 2003 prohíbe que lo disfruten los condenados por delitos económicos que no hayan satisfecho la responsabilidad civil, y Roldán no ha devuelto el dinero que obtuvo ilícitamente ni ha pagado la multa de más de nueve millones de euros que también se le impuso.
Sin embargo, el 15 de abril de 2005, y en atención a su buena conducta y a los informes médicos que aconsejaban su integración en una actividad laboral, la Audiencia madrileña le concedió el segundo grado con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento General Penitenciario, que permite adoptar "un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos" de cada grado.
Así, Roldán fue trasladado hace cinco años a su ciudad natal, Zaragoza, donde durante el día trabajaba en una agencia de seguros y por la noche dormía en el CIS Las Trece Rosas, adonde el próximo día 19 acudirá por última vez para cumplir el trámite de firmar la liquidación de condena y convertirse en un hombre libre.
Las patrulleras de la Guardia Civil que luchan contra la inmigración ilegal, el contrabando y el tráfico de drogas están siendo de nuevo acosadas duramente por la Armada Británica, la Royal Navy, en aguas del Peñón. Mientras tanto, los agentes siguen manteniendo las órdenes de no responder a las intimidaciones por lo que el acoso ha ido en aumento.
Según cuenta El Mundo, en las últimas semanas se han vuelto a multiplicar estas amenazas y se han registrado al menos seis incidentes de cierta relevancia. Además, el Ministerio del Interior habría sido informado puntualmente de todos estos altercados sin que haya tomado ningún tipo de medida pública.
El primero de estos incidentes se produjo el 19 de enero cuando se alertó a la Guardia Civil de movimientos extraños de la Policía de Gibraltar. Los agentes se trasladon al lugar y observaron que los británicos habían colocado boyas naranjas a lo largo de más de 600 metros de mar limitando ese lugar y queriendo señalizar “sus aguas”.
Días después, el pasado 1 de febrero, una patrullera española inspeccionaba una embarcación de recreo española cuando llegó la Royal Police y exigieron a los guardias civiles que abandonaran "sus" aguas. Los agentes españoles sólo se fueron cuando terminaron su labor de inspección pero la embarcación británica volvió después a inspeccionar la embarcación de recreo española entrando en aguas españolas.
Ese mismo día, la Royal Navy trató de interceptar una patrullera de la Guardia Civil y se situó a escasa distancia escoltándola. Después se dispusieron a grabar en vídeo a los agentes. Después, les cortaron la proa “de forma virulenta, creando un gran peligro para la navegación” por lo que tuvieron que cambiar el rumbo para evitar el abordaje.
Tan sólo un día después se produjo otro altercado con la Royal Navy. Al igual que el día anterior acosaron a la Guardia Civil colocándose en paralelo y grabando en vídeo a los agentes de la Benemérita.
El 9 de febrero hubo otros dos incidentes. Cuando los miembros del Instituto Armado acudían a identificar a dos embarcaciones se encontraron con dos embarcaciones de la Royal Navy que dieron un ultimátum de cinco minutos a los guardias civiles para que abandonasen el lugar mientras grababan a los agentes. Tras quince minutos de gran tensión los españoles volvieron a puerto e hicieron lo único que tienen permitido: informar de lo sucedido a sus superiores.
Por último, el 26 de febrero, guardias civiles y varios técnicos realizaban pruebas a una patrullera cuando una patrullera de la Royal Navy se acercó a toda velocidad. Los agentes españoles ignoraron la actuación británica. Por radio, la Armada del Reino Unido dijo que España estaba invadiendo aguas de “soberanía gibraltareña” por lo que supuestamente estaban infringiendo “la normativa internacional, al entrar en sus aguas sin autorización”.
Por su parte, los guardias civiles se limitaron a decir que la soberanía de las aguas era una interpretación unilateral y no compartida y cortó la comunicación. Posteriormente, crecieron las amenazas y los guardias optaron por no responder a las provocaciones.
Vanesa Ruiz,
María Quesada
Ana Porras
María Rosa
Francisco Díaz