PERO SI LOS MUERTOS SON POLÍTICOS, ESOS SI QUE SE INVESTIGAN 
 
Existen la friolera de 330 crímenes de ETA sin resolver.  Cien de ellos están a punto de preescribir. El Partido Popular está  intentando que se ponga en marcha un registro para que los asesinatos no  queden en el olvido y, sobre todo, para que no haya impunidad y se  pueda perseguir a todos los culpables. El Gobierno primero calló ante la  petición de los populares, después optó por las evasivas y ahora hace  penosamente como si este asunto no existiera.
El 30 de julio de 2010, la diputada del PP 
Cayetana Álvarez de Toledo presentó en el Congreso una pregunta escrita sobre este particular, toda vez que la 
Fundación de Víctimas del Terrorismo  elaboró un informe en que se enumeran todos los asesinatos perpetrados  por ETA y todavía sin resolución judicial. Durante meses, el Gobierno no  contestó.
Ya en  enero de 2011, la diputada cambió su petición escrita por una pregunta  oral en la Comisión de Interior del Congreso. “En cuanto registré la  pregunta, me contestaron (con sello del 4 de febrero) para decir que el  Gobierno no tenía competencias en esa materia”, narra a 
LA GACETA Álvarez de Toledo. “¿Cómo no va a tener competencias? La Policía y la Guardia Civil dependen del Ministerio del Interior”.
Además, la diputada del PP explica que la 
Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo,  dependiente del ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, debe  velar por estas cuestiones. Entre las funciones asignadas al titular de  ese departamento, que hoy ocupa 
José Manuel Rodríguez Uribe,  se encuentran las de “colaboración con las oficinas de atención a  víctimas de delitos de terrorismo que se establezcan en tribunales y  fiscalías”; “tramitación, gestión y propuesta de resolución de los  expedientes de ayudas y resarcimientos a los afectados por delitos de  terrorismo”; y “dirección y coordinación de las oficinas de información y  atención al ciudadano del departamento y el mantenimiento de la base de  datos de información administrativa”. Así se puede leer, por ejemplo,  en la página web del ministerio.
Pasadas las primeras trabas, por fin 
Álvarez de Toledo  pudo tener en frente a un responsable de Interior para pedirle  explicaciones. Fue el pasado 16 de febrero, durante una comisión en el  Congreso en la que compareció el director general de la Policía y la  Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.
Allí, la diputada  exigió al Gobierno que cumpliera con sus obligaciones con las víctimas  del terrorismo y trabaje para no permitir la impunidad judicial ni  política de los atentados terroristas. “Se trata de alardear menos de un  presunto final de ETA para tapar tal o cual Faisán y de cumplir más con  las víctimas”, aseveró.
Según remarcó 
Álvarez de Toledo,  la posibilidad de que haya una impunidad política para los etarras es  un asunto que preocupa “mucho” a las víctimas “en estos momentos en los  que algunos saludan con euforia la nueva marca de 
ETA-Batasuna con la que se quiere presentar a las elecciones”.
En sede parlamentaria, V
elázquez, que compareció porque el secretario de Estado de Seguridad, 
Antonio Camacho,  se ausentó, no tuvo más remedio que reconocer que muchos atentados  están sin resolver. Aseguró que es un asunto que “preocupa a todo el  mundo”, por lo que garantizó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del  Estado siguen investigando crímenes cometidos hace décadas por la banda  criminal.
Asimismo, señaló que las investigaciones permiten  relacionar unos asuntos con otros y defendió la eficacia de las bases de  datos de los agentes del orden, que funcionan “razonablemente bien” y,  además, sirven de ejemplo para policías de muchos países que viajan  hasta España para conocer sus métodos de trabajo. 
El director  general de la Policía y la Guardia Civil dio las explicaciones que por  ahora no ha querido dar el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
De  momento, aquel enfrentamiento verbal es el último asalto de la diputada  para conseguir su objetivo de crear el citado registro. Pero anuncia  que va a seguir en el combate. 
Álvarez de Toledo explica a este diario que su lucha es “contra la impunidad”.  “El Gobierno está permitiendo dos tipos de impunidad de los terroristas  de ETA: una es la de concederles beneficios penitenciarios en base al  artículo 100.2 del reglamento penitenciario y la otra forma es no  persiguiendo sus crímenes del pasado”, argumenta.
Como se ha explicado, la iniciativa del PP surge del informe que elaboró el año pasado la 
Fundación de Víctimas del Terrorismo que dirige Maite Pagazaurtundua.  Para elaborarlo, utilizaron informaciones aportadas por las víctimas,  documentos no oficiales, noticias publicadas en los medios y datos  recogidos en libros. Ello demuestra la ausencia de un registro como el  que demandan los populares. Mientras, los asesinos se van librando de la  cárcel.