El Gobierno evita crear un registro de los 330 crímenes de ETA sin resolver

PERO SI LOS MUERTOS SON POLÍTICOS, ESOS SI QUE SE INVESTIGAN 
 
Existen la friolera de 330 crímenes de ETA sin resolver. Cien de ellos están a punto de preescribir. El Partido Popular está intentando que se ponga en marcha un registro para que los asesinatos no queden en el olvido y, sobre todo, para que no haya impunidad y se pueda perseguir a todos los culpables. El Gobierno primero calló ante la petición de los populares, después optó por las evasivas y ahora hace penosamente como si este asunto no existiera.

El 30 de julio de 2010, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo presentó en el Congreso una pregunta escrita sobre este particular, toda vez que la Fundación de Víctimas del Terrorismo elaboró un informe en que se enumeran todos los asesinatos perpetrados por ETA y todavía sin resolución judicial. Durante meses, el Gobierno no contestó.

Ya en enero de 2011, la diputada cambió su petición escrita por una pregunta oral en la Comisión de Interior del Congreso. “En cuanto registré la pregunta, me contestaron (con sello del 4 de febrero) para decir que el Gobierno no tenía competencias en esa materia”, narra a LA GACETA Álvarez de Toledo. “¿Cómo no va a tener competencias? La Policía y la Guardia Civil dependen del Ministerio del Interior”.

Además, la diputada del PP explica que la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, debe velar por estas cuestiones. Entre las funciones asignadas al titular de ese departamento, que hoy ocupa José Manuel Rodríguez Uribe, se encuentran las de “colaboración con las oficinas de atención a víctimas de delitos de terrorismo que se establezcan en tribunales y fiscalías”; “tramitación, gestión y propuesta de resolución de los expedientes de ayudas y resarcimientos a los afectados por delitos de terrorismo”; y “dirección y coordinación de las oficinas de información y atención al ciudadano del departamento y el mantenimiento de la base de datos de información administrativa”. Así se puede leer, por ejemplo, en la página web del ministerio.

Pasadas las primeras trabas, por fin Álvarez de Toledo pudo tener en frente a un responsable de Interior para pedirle explicaciones. Fue el pasado 16 de febrero, durante una comisión en el Congreso en la que compareció el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.

Allí, la diputada exigió al Gobierno que cumpliera con sus obligaciones con las víctimas del terrorismo y trabaje para no permitir la impunidad judicial ni política de los atentados terroristas. “Se trata de alardear menos de un presunto final de ETA para tapar tal o cual Faisán y de cumplir más con las víctimas”, aseveró.
Según remarcó Álvarez de Toledo, la posibilidad de que haya una impunidad política para los etarras es un asunto que preocupa “mucho” a las víctimas “en estos momentos en los que algunos saludan con euforia la nueva marca de ETA-Batasuna con la que se quiere presentar a las elecciones”.

En sede parlamentaria, Velázquez, que compareció porque el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se ausentó, no tuvo más remedio que reconocer que muchos atentados están sin resolver. Aseguró que es un asunto que “preocupa a todo el mundo”, por lo que garantizó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen investigando crímenes cometidos hace décadas por la banda criminal.

Asimismo, señaló que las investigaciones permiten relacionar unos asuntos con otros y defendió la eficacia de las bases de datos de los agentes del orden, que funcionan “razonablemente bien” y, además, sirven de ejemplo para policías de muchos países que viajan hasta España para conocer sus métodos de trabajo. El director general de la Policía y la Guardia Civil dio las explicaciones que por ahora no ha querido dar el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

De momento, aquel enfrentamiento verbal es el último asalto de la diputada para conseguir su objetivo de crear el citado registro. Pero anuncia que va a seguir en el combate. Álvarez de Toledo explica a este diario que su lucha es “contra la impunidad”. “El Gobierno está permitiendo dos tipos de impunidad de los terroristas de ETA: una es la de concederles beneficios penitenciarios en base al artículo 100.2 del reglamento penitenciario y la otra forma es no persiguiendo sus crímenes del pasado”, argumenta.

Como se ha explicado, la iniciativa del PP surge del informe que elaboró el año pasado la Fundación de Víctimas del Terrorismo que dirige Maite Pagazaurtundua. Para elaborarlo, utilizaron informaciones aportadas por las víctimas, documentos no oficiales, noticias publicadas en los medios y datos recogidos en libros. Ello demuestra la ausencia de un registro como el que demandan los populares. Mientras, los asesinos se van librando de la cárcel.