Rubalcaba desobedece al Supremo, ignora al Congreso e incumple la ley

ESTE ARTÍCULO APARECIDO EN LA GACETA, DEJA BIEN CLARAS, LAS INTENCIONES DEL MINISTRO
Las instituciones democráticas no son suficiente autoridad para el Ministerio del Interior. Al menos es lo que se deduce del caso que este hace tanto a los tribunales como al Congreso de los Diputados o la propia ley

El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba ha desobedecido ya en cinco ocasiones al Tribunal Supremo. Y todas por el mismo caso. La máxima instancia de la Justicia española sentenciaba el pasado 15 de julio que la Dirección General de Policía y Guardia Civil no podía nombrar más altos mandos policiales a dedo. Declaraba firme una sentencia previa del Tribunal Superior de Madrid (11 de septiembre de 2009) que, tras recurso de los sindicatos SUP y SPP, sólo permitía designar cargos con criterio político en los niveles 29 y 30 de la Administración; es decir, jefes superiores, subdirectores, jefes de división y comisarios generales. Prohibía, por lo tanto, nombrar a dedo a los cargos correspondientes a niveles inferiores. También obligaba el Supremo a rehacer el Catálogo de Puestos de Trabajo aprobado por Interior en 2008, que incrementaba en casi un 25% el número de nombramientos a dedo que permitía la anterior normativa. Es decir, el ministerio estaba obligado a llevar a cabo una profunda reestructuración del cuerpo, ya que debía sustituir a los mandos elegidos a discreción por otros que se sometieran al tradicional concurso de méritos.

Las sentencias firmes del TSJM fueron reafirmadas por otra emitida por la Audiencia Nacional (263/2010 del 8 de octubre) tras un recurso de la Confederación Española de Policía (CEP), que se pronunciaba en los mismos términos que sus predecesoras.

Sin embargo, desde que se publicó el auto del Supremo, el Gobierno no sólo no ha dado signos de querer reestructurar el cuerpo, sino que ha seguido actuando como antes. Cuatro resoluciones firmadas por el director general de Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, han ignorado reiteradamente la orden judicial desde que esta se firmó, hace casi ocho meses.

La primera, el 26 de octubre de 2010, cuando la Dirección General aprobó la convocatoria de varios puestos de libre designación (orden general 1.852) sin diferenciar entre aquellos que son competencia de los comisarios y los que debe ocupar un comisario principal, como ordenaba la Justicia. La segunda, el 14 de diciembre de 2010 (orden general 1.858), cuando el ministerio aprobó nombrar a dedo 28 altos mandos del nivel 28 de la Administración, cuando el Supremo, el TSJM y la Audiencia Nacional tan sólo permitieron la libre designación para los niveles 29 y 30. La tercera, el 26 de enero de 2011 (orden general 1.867), que el ministerio utilizó para nombrar a otros 55 mandos del nivel 28 a pesar de las citadas sentencias judiciales. Y la cuarta, el 17 de febrero de 2010 (orden general 1.870), que volvía a usar la libre designación para elegir otros cuatro cargos del nivel 28.

Pero no es la única desobediencia que Interior hace a las instituciones. El ministerio ignora desde hace más de dos años la petición del Congreso (proposición no de ley del 21 de octubre de 2008) de informar cada seis meses sobre “los principales indicadores de criminalidad”. También hace caso omiso a la orden del Parlamento (proposición no de ley del 27 de mayo de 2009) de publicar cada mes en la web del ministerio los delitos por tipología y provincia.

En la misma línea, el departamento de Rubalcaba lleva más de tres años sin cumplir la Ley 39/2007, que obliga al Gobierno a reformar la denominada ley de personal de la Guardia Civil para adaptarla al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia).

Las asociaciones profesionales (Unión de Oficiales y Asociación Unificada de Guardias Civiles), cansadas de este retraso, han comenzado a promover una iniciativa legislativa popular por primera vez en su historia para reformar la norma.

Roberto R. Ballesteros