La banda terrorista ETA está de enhorabuena.
Los propios
cronistas del diario Gara, medio en el que la banda publica habitualmente sus
comunicados, hablaban de euforia contenida en el entorno más cercano a los
terroristas después del fallo del tribunal de Estrasburgo para derogar la
Doctrina Parot. Lo mismo se dijo el día en el que la sanguinaria terrorista
Inés del Río era excarcelada tras cumplir 26 años por el asesinato de 24
personas en acciones terroristas (su condena era de más de 3.000 años de cárcel.
Con la aplicación de la doctrina Parot hubiera permanecido en prisión hasta
2017).
Los pasos pactados con el Gobierno de Rodríguez Zapatero
durante su negociación se han cumplido. El Gobierno Zapatero llevaba varios
años negociando con los terroristas de ETA en Oslo. A cambio de que la banda
dejase su actividad asesina, los enviados del Gobierno prometieron varias cosas
a los negociadores de la capucha. La primera de ellas fue la desaparición de la
Ley de Partidos, algo que consiguieron colando a las franquicias electorales de
ETA y permitiéndoles recuperar las alcaldías de sus bastiones en el País Vasco
y Navarra.
Que ETA haya recuperado sus siglas, y esté presente en las
instituciones, cobrando de las arcas del Estado y con representación
parlamentaria, hasta en el Congreso de los Diputados, es algo que no se le
escapa ni siquiera a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que trabajaron en la
ilegalización del brazo político de la banda. Fuentes policiales advertían a
Libertad Digital que la situación se había dado la vuelta: "Ahora ha
regresado la kale borroka y ETA vuelve a estar en las instituciones".
El propio dirigente de Batasuna-ETA Joseba Álvarez reconocía
en un video ya el año pasado que habían podido utilizar las marcas Bildu,
Amaiur y EH-Bildu para burlar su ilegalización, tal y como publicaba Libertad
Digital. La primera promesa estaba en marcha. La segunda de esas promesas fue
un cambio en la política penitenciaria. Suavizar la situación en la cárceles de
los presos de ETA, permitiendo poco a poco la salida de algunos de los más
enfermos a la calle. Aprovechando esa situación, José Ignacio de Juana Chaos
consiguió su excarcelación. También se prometió a la dirección de ETA que
anularía la Doctrina Parot.
Fue entonces cuando la etarra Inés del Río presentó su
recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyos abogados fueron
pagados por el ilegalizado brazo político de ETA, como reconoció el actual
presidente de Sortu, Asier Arraiz. Del Río presentó el recurso en pleno proceso
de negociación y poco después de que el Ejecutivo español hubiese designado al
exsecretario de Estado de Justicia (2004-2007), Luis López Guerra, como juez
español (NO ES JUEZ) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La anulación de la
doctrina Parot ya estaba en marcha.
El exsecretario de Estado y NO juez español en el TEDH, que
antes de ser elegido para este puesto se había mostrado favorable a la
derogación de la doctrina Parot, fue uno de los encargados de valorar el
recurso de la sanguinaria terrorista y, como no podía ser de otro modo, votó
junto al resto de jueces a favor del recurso interpuesto por la asesina de ETA,
Inés del Río.
Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
hicieron pública su sentencia a favor de la derogación de la doctrina Parot en
julio de 2012. Durante el juicio, los enviados del Gobierno no defendieron en
ningún momento la doctrina judicial que había sido avalada por el Tribunal
Supremo español en 2006.
Tras hacerse pública la sentencia, ya con el PSOE fuera del
Gobierno, el Ejecutivo de Mariano Rajoy pisó el acelerador para intentar
defender la doctrina en un recurso que fue admitido por el TEDH. Para ello
mandó un equipo de especialistas jurídicos hasta Estrasburgo, al que también
acompañaron representantes de las principales asociaciones de víctimas del
terrorismo, pero no sustituyó a López Guerra en el Tribunal. Como hace un año y
medio, la presencia del NO juez español -contrario a la doctrina Parot y favorable
a la etarra Inés del río- fue determinante para terminar con la doctrina. Un
fallo que daba cumplimiento al pacto con los terroristas durante la negociación.
Ejecución inmediata
La etarra Inés del Río tardaba apenas 24 horas en salir a la
calle, un tiempo récord para ejecutar una sentencia, a pesar de que el propio
Convenio Europeo de Derechos Humanos contempla la posibilidad de acatar y no
ejecutar las sentencias del TEDH. En definitiva, España
no estaba obligada a excarcelar a la etarra.
El juez decano de Madrid José Luis González Armengol,
comentaba en Es la Tarde de Dieter que "no hubiera pasado nada" si
Inés del Río hubiera seguido unos días más en prisión hasta que se formalizase
la sentencia de Estrasburgo. "No tengo constancia al cien por cien de que
la sentencia haya sido notificada de manera ultrarrápida", dijo.
El Gobierno por su parte, se ha lavado las manos, como si la
responsabilidad recayese exclusivamente en la Audiencia Nacional. Pero, tal y
como explicó en esRadio el exmagistrado en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, Javier Borrego -predecesor de López Guerra- la decisión de ejecutar o
no la sentencia corresponde a la "parte contratante" del Convenio de
adhesión al Tribunal y la parte contratante es el Reino de España. En otras
palabras, el responsable de la ejecución de la sentencia es el Gobierno.
Pese a todo, el Ejecutivo presenta las caras compungidas de
los ministros de Interior y Justicia, Fernández Díaz y Ruiz Gallardón, y las
esquivas declaraciones del presidente del Gobierno, que dijo estar al lado de
las víctimas después de evitar enviar un mensaje para las víctimas del
terrorismo tras conocer la sentencia porque, decía "llueve mucho".
De momento, la pretendida falta de contundencia del
Ejecutivo con el fallo de Estrasburgo ha permitido la acelerada puesta en
libertad de los etarras Inés del Río y Juan Manuel Piriz, que ha abandonado la prisión de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), después de que el
Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya acordado su
liberación tras el fallo del TDEH.
Así, y pese a que el Gobierno se ha comprometido con las
víctimas a que no se van a ver excarcelaciones masivas, son nada menos que 60
los etarras que pueden salir de prisión en lo que bien podría asemejarse a la
amnistía prometida por los negociadores del Gobierno de España a los
encapuchados de ETA en Oslo.
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